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OPINIÓN

Debate: ¿Por qué un partido político abandera volver a la gestión directa de los servicios que presta la Administración a los ciudadanos?

26/11/2018 - Juan Díez de los Ríos de San Juan, presidente de ASPEL
En el artículo 85.2 de la Ley de Bases de Régimen Local, se dispone que “los servicios públicos de competencia local habrán de gestionarse de la forma más sostenible y eficiente. Y tienen que realizar una memoria con todos los datos”.

Por todo ello, se hace necesario ‘desmitificar’ la ideología de primacía de lo público con argumentos  contrastados. Sin embargo, se está abriendo el debate en torno a esta cuestión y de la conveniencia sobre la forma en la que se están gestionando los servicios con la aureola de “ser más sociales, mantenemos el empleo y ahorramos en el presupuesto, y creamos unas empresas sólo públicas”. Eso mismo es algo que ya se planteó en los años 80 y 90 (ver las hemerotecas) y entonces no se logró la pretendida eficiencia (uso adecuado de recursos), cayó la productividad, aumentó el absentismo, crecieron de forma exuberante las plantillas de esas empresas públicas ‘tan  eficientes’, la especialización bajó y se cargó a la Administración con los abultados costes de gestión, en definitiva, lo pagaron los ciudadanos.

¿Y esto cómo se puede demostrar? Solo vemos dos formas de sentido común: la primera, estableciendo públicamente un caso de negocio donde se analice todo y se vean sus derivadas futuras, y, la segunda, aprovechar la recién creada Oficina Independiente de Regulación y Supervisión (art.332 de LCSP); que sea capaz de realizar un seguimiento del contrato tanto por gestión directa (internalizar) o gestión indirecta (contratar a una empresa especializada), y tener después los resultados; y poder hablar y no hacer demagogia con la privatización, que es contratación. Esto además del Tribunal de Cuentas y de la memoria que hay que presentar.

En nuestra opinión, el debate está en lo político e ideológico, es temporal y coyuntural, y casi todos los factores de eficiencia tanto organizativa como económica en este siglo XXI deben introducirse en este debate, y así se verá que no hay razones para que se genere, claro está, excepto por los políticos y sus eslóganes. 

España es un país de servicios -más del 68% del PIB es servicios (680.000 millones de euros)-. El sector de la limpieza representa un 1,05% de ese PIB de servicios (más de 7.000 millones de euros).  Durante los últimos treinta años la contratación a empresas especializadas del servicio de limpieza y aseo diario alcanzó un 80%, quedando aún el 20% en manos, digamos  ‘internas’; nuestro país llegaba a unirse a los grandes de Europa en el servicio básico de la limpieza en la externalización.

La crisis y la manipulación del término privatización y el uso de ‘re’

El neologismo ‘Re municipalizar’ se está usando ahora a menudo desde las últimas elecciones municipales y autonómicas, y no es una palabra de nuestro diccionario. Sí encontramos municipalizar, que supone convertir en municipal un servicio que presta una empresa privada contratada por el municipio. No tanto como se pronunciaba privatizar o externalizar, pero se podría decir que ahora es tendencia y que los ayuntamientos dicen que quieren volver a asumir las responsabilidades, creyendo que se ahorran el IVA  y el beneficio de una empresa de limpieza, haciendo que el péndulo vaya al contrario de los últimos 50 años. Tenemos poca memoria; y lo que funciona y es eficiente ¿por qué hay que cambiarlo?

Para conocer este sector hay que dar algunas cifras. Foto rápida: en España somos 330.348 trabajadores y 3,3 millones en toda Europa. Hay cerca de 4.000 empresas activas, de éstas no llegan a 300 las que emplean a más de 250 trabajadores. De ellos, el 78% son mujeres y a jornada de tiempo parcial están el 58%.

La negociación colectiva debe cumplirse. Las empresas públicas deben entrar donde no llegue la empresa privada. No es el caso de la industria de la limpieza e higiene profesional.

Los convenios colectivos marcan el coste laboral de los trabajadores de esta industria y a partir de ellos está la competitividad entre las empresas especializadas. ¿Ustedes lectores creen que las administraciones van a contratar limpiadores por menos de lo que esté acordado en el convenio colectivo? No. Lo van a hacer como en los años 80, van a equiparar con algún nivel de puesto de la Administración, que siempre será más alto en su convenio de empresa municipal. En resumen, toda una vuelta para llegar al final a volver a dárselo a una empresa. Lo peor es que esa empresa pública creada con dinero de los ciudadanos y gestionada políticamente nunca será eficiente y romperá el mercado libre, no generará más empresas y empresarios, y tendrá mercados cautivos.

No ha habido una pedagogía desde lo público que permita a la gente conocer el coste de los servicios, es decir los recursos que realmente consumen -que es algo más amplio que el precio-. Pero desde luego de lo que sí hay conciencia hoy, en estos tiempos de crisis, es del valor que tienen los servicios públicos, y este valor lo dan solo los usuarios, de modo subjetivo cuando contestan en las encuestas.

¿Privatización?

Ningún servicio de limpieza que prestan nuestras empresas en los edificios propiedad de las administraciones está privatizado. ¡Ojo al uso maniqueo de la privatización! Está realizado por una de nuestras empresas especializadas, pero no está privatizado: está contratado a través de la Ley de Contratos. Recientemente, estrenamos una nueva y suponemos que mejor.

Este debate da instrumentos a los que defienden la municipalización para colocar afines en ese servicio, tanto en la realización como en la supervisión y administración del personal de limpieza; no pagar el IVA; no apoyar esta industria; no generar impuestos; y crear una ‘bola’ que en unos años vuelve a ser ineficiente, volviéndose en contra de la gestión municipal y complicando el volver a externalizar ese trabajo de nuevo.

La gestión directa o indirecta de servicios que, en todo caso siempre son públicos, no resulta necesariamente mejor ni más barata per se con una u otra opción. Sorprende, por lo tanto, en relación con las actuaciones y planes del equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Zaragoza (como en el de Barcelona, Madrid o Cádiz), que, para re municipalizar la gestión de servicios públicos prestados hasta la fecha a través de contratas con empresas privadas, ASPEL considere fundamental un análisis riguroso y no basado en apriorismos ideológicos, sino que tenga como referente la eficiencia, calidad y sostenibilidad de los mismos como venimos expresando.

Como se está viendo en los últimos meses, el cambio a una gestión municipal directa de servicios, actualmente prestados a través de empresas privadas, plantea cuestiones complejas tanto desde el punto de vista jurídico como en el ámbito laboral. Especialmente en este último donde, por un lado, “legalmente en la nueva ley de contratos (en el Art 130)  en caso de <re municipalizarse servicios, los trabajadores de las empresas tienen que ser subrogados directamente por la Administración. No está claro sí en la condición de funcionarios o de personal laboral sin superar las oportunas oposiciones o concursos públicos de selección, ya que, en ese caso, se conculcaría la normativa de acceso de personal al servicio de las administraciones públicas, donde prima la igualdad de oportunidades y los criterios de mérito y capacidad". Y la limitación, por el otro lado, a incorporar plantillas a la Administración que tiene la disposición adicional vigésimo sexta de la Ley general de Presupuestos del Estado. Este escudo actual da la razón a no internalizar/re municipalizar y dejar el servicio público en la situación que estaba.

Por esto hay que exigir a los gestores públicos que justifiquen por qué eligen un modo de gestionar directa o indirectamente, externalizar o re municipalizar, y establecer ventajas e inconvenientes para los ciudadanos, que con la demagogia pasan desapercibidas.

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